El juez constata la financiación ilegal del PP y el pago de sobresueldos en b
La afirmación de Ruz figura en el auto que dictó ayer el magistrado para
pedir información a Suiza sobre la titularidad de seis cuentas que podrían estar vinculadas a un político español.
El juez explica en su escrito que ha conseguido acreditar, a través
de distintas diligencias practicadas durante los últimos 14 meses de
investigación, que parte de los apuntes del extesorero Luis Bárcenas son
ciertos. Esos apuntes reflejaban ingresos (
más de siete millones de euros en 18 años)
en forma de donaciones anónimas de empresarios que no estaban
permitidas por ley porque excedían el límite y procedían de contratistas
del Estado, algo que prohibía expresamente la legislación. En la misma
“contabilidad paralela”, tal como la califica el juez, Bárcenas también
registraba, en las casillas de salida, distintos pagos en las tres
modalidades que Ruz refleja en su auto. Por un lado, para abonar gastos
electorales que no se declaraban ni a Hacienda ni al Tribunal de
Cuentas. A través de distintas diligencias, el juez ya tiene probado que
al menos 16 donativos ilegales que Bárcenas registró en la contabilidad
paralela fueron troceados e ingresados en el Banco de Vitoria en
cantidades inferiores a 60.000 euros para blanquearlos y así evitar que
el Tribunal de Cuentas detectase la ilegalidad.
El magistrado califica las entregas de “complementos” de retribución
El segundo tipo de salidas era para pagar sobresueldos, ocasionales
(a distintos miembros del partido para cosas variopintas) o periódicos
(a los principales miembros de la cúpula de la organización cada tres o
seis meses con idénticas cantidades).
Algunos dirigentes y miembros del PP
han testificado ya ante el juez Ruz que recibieron cantidades del
partido que no figuran en la contabilidad oficial ni ellos declararon a
Hacienda. Hasta 55 apuntes de la caja b del PP, según la investigación
judicial, están probados por distintas diligencias.
Otras salidas, la tercera modalidad, servían para costear lo que el
juez define como “el pago de distintos servicios y gastos en beneficio
del partido político”, como lo fueron
las obras de reforma de la sede del PP, por lo que ya está imputado el arquitecto encargado del proyecto.
Esta es la primera vez, desde que Ruz abrió la causa de los
denominados papeles de Bárcenas, en la que el juez detalla en un auto
los tres aspectos de supuesta financiación ilegal del PP que lleva
investigando desde marzo de 2013.
